El empresario Carlos Mimenza se declaró perseguido político del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
“Señor Carlos Joaquín González, lo declaro único responsable de la persecución política en mi contra”, afirmó en un videomensaje, que empezó esta mañana a divulgar en redes sociales.
También pidió la intervención del Consejo de la Judicatura Federal contra la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes, que lo sentenció a ocho meses y dos días de presión por amenazas al periodista local, Amir Ibrahim.
Tras señalar que Carlos Joaquín encabeza un “gobierno fallido”, responsabilizó al gobernador de Quintana Roo, electo por PAN-PRD, de haber “iniciado una feroz persecución política” en su contra.
Y amagó:
“Convertido en un perseguido político regreso para denunciar las atrocidades y corrupción del gobierno fallido del estado de Quintana Roo”.
El también ex precandidato a presidente de la Republica por la vía “independiente” acusó a Carlos Joaquín, entre otros señalamientos, del fracaso del modelo de “mando único” y que la violencia y la inseguridad es noticia de todos los días en la entidad.
También pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que de “extrema urgencia intervenga y acabe de una vez por todas con la mafia del poder en Quintana Roo”.
Al final de su mensaje, el empresario anunció que “por cuestiones legales” se declara “periodista independiente”.
En un comunicado emitido el pasado 16 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) refirió que, de acuerdo con los hechos asentados en el expediente, en julio de 2017, Carlos Mimenza envió mensajes telefónicos al periodista Amir Ibrahim con contenidos amenazantes de atentar contra su integridad física y la de su familia.
“Al valorar las declaraciones de testigos, pruebas documentales y periciales presentadas por la fiscalía, a lo largo de seis días de audiencia de juicio oral, la juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo dictó la sentencia condenatoria al considerar que la agresión se gestó por la actividad periodística de la víctima y tenía el objeto de limitar, así como menoscabar su derecho a la libertad de expresión”, refirió el comunicado de la FGR.
Con información de Proceso.