El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó públicamente que desde la mañana del lunes 9 de noviembre tuvo conocimiento de que se realizaría una marcha contra feminicidio en Cancún y es el máximo responsable del Mando Único, incluso dijo que dio la orden de que no hubiera disparos ni agresiones, entonces “por qué no supervisó que se cumplieran sus órdenes, por qué si se enteró, no hizo algo para evitar los disparos contra manifestantes y reporteros, a qué hora supo de la balacera contra la ciudadanía?, cuestionó el abogado Gerardo Solís, quien interpuso una denuncia penal contra las autoridades que resulten responsables y precisó que el Gobernador debe ser imputado y separarse de su cargo para no enviciar las investigaciones.
El especialista jurídico indicó que en este caso, “no solo estaríamos frente a un ejercicio indebido o negligente del servicio público, por parte del entonces Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, también del Gobernador, porque son responsables penalmente de las conductas de los policías, con independencia de que ellos no hubieran ordenado, de manera directa, reprimir a la gente, nos encontramos frente a una comisión por omisión y debe ser imputado, ya que como lo ha aceptado el propio Gobernador, él fue el que giró instrucciones específicas de que no hubiera armas y no se dispara, Carlos Joaquín sabía que las manifestaciones podrían salirse de control y no supervisó que se cumplieran sus instrucciones, siendo que él tiene a cargo el Mando Único y es –se supone– garante del bien jurídico”.
Ante ello y ya que Carlos Joaquín es un indiciado porque está entre las autoridades que se menciona en la querella, debe separarse de su cargo “porque debe ser imputado y no debe ser juez y parte y mucho menos enviciar la investigación teniendo de primera mano todos los datos”, mencionó el experto en leyes.
“A Jesús Alberto Capella no solo debieron separarlo del cargo, deben citarlo por los delitos cometidos porque existe una participación de comisión por omisión”, destacó el abogado.
El indiciado es aquella persona, objeto de un despliegue de diligencias por parte de la policía judicial, pero que no ha sido notificado de su calidad de imputado, es decir, que no ha asistido a una audiencia preliminar de formulación de imputación. Según los artículos 113 y 118 del Código Nacional de Procedimientos Penales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el imputado y su defensor podrán “tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, si es citado a comparecer con tal carácter”, por ello “no puede ser juez y parte en una investigación”, y, en este caso, la Fiscalía General de Quintana Roo que está a cargo de Óscar Montes de Oca, debe mantenerlo al margen porque ya hay una denuncia en contra del Gobernador y el Fiscal General de Quintana Roo también estaría infringiendo la ley si le permite obtener información sensible.
Lo más sano en este caso, recomienda, es que la primera autoridad del Mando Único, que es Carlos Joaquín, se separe de su cargo porque justamente es el Gobernador de Quintana Roo.
Confirmó que hasta 16 años podrían pasar en la cárcel los elementos de Seguridad Pública que dispararon en contra de ciudadanos y representantes de medios de comunicación, y hasta 12 años de cárcel, las personas a quienes se les compruebe que son los responsables de las lesiones, en la balacera del lunes 9 de noviembre en la Plaza de la Reforma de Benito Juárez #9NCancún.
Gerardo Solís, quien hizo la denuncia penal contra las autoridades que resulten responsables, porque fue testigo de los hechos cuyas evidencias se han hecho virales a nivel nacional e internacional, dijo que es contra quien resulte responsable de los hechos.
“Me presenté en la Fiscalía para hacer trámites legales y justo a sus puertas, se encontraba un grupo nutrido de jóvenes realizando pintas y gritando consignas”.
El colectivo, que no estaba armado, se fue caminado hasta el Palacio Municipal a donde policías les dispersaron a balazos, narró.
Esta es la primera ocasión en Quintana Roo que un ciudadano demanda formalmente a las autoridades por actos cometidos, por lo que el abogado expresó que la demanda penal se levanta porque considera que “hay una clara negligencia de parte del gobernador Carlos Joaquín; del que fuera Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y de funcionarios y servidores públicos a nivel municipal”.
Señaló que las autoridades estarían incurriendo en el delito de ejercicio negligente del servicio publico, el cual está tipificado en el Código Penal de Quintana Roo, en su artículo 48.
“En este asunto hay responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, tanto de los policías que dispararon indebidamente, como de los mandos y jefes, porque nunca se debió de haber disparado al aire contra los manifestantes, ya que cada disparo, pudo haber representado una persona muerta, de ese tamaño es la negligencia”, aseguró el abogado.
En la demanda penal, el abogado expresa que de la misma forma fue quebrantada la Ley Sobre el Uso de la Fuerza en su artículo 27, en donde se expresa que “por ningún motivo se podrá hacer uso de las armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”. En estos casos, la actuación policial deberá de asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden, comentó.
“Presenté la demanda por hechos que considero son constitutivos de delito, por el excesivo uso de la fuerza de las autoridades policiales al reprimir una marcha de jóvenes a balazos, en franca violación a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, porque hubo heridos por arma de fuego, gente golpeada y personas detenidas”.
Afirmó que en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, se establecen protocolos que deben respetarse para no poner en riesgo a la sociedad.
El abogado aseguró que en el documento presentado ante el agente del Ministerio Público, su denuncia es contra quien resulte responsable, “como bien puede ser el Gobernador, el Secretario de Seguridad, el Presidente Municipal o los mandos de seguridad pública”.
Las autoridades que deben ser investigadas, y el gobernador Carlos Joaquín, como Jefe del Mando Único, debe separarse del cargo para evitar viciar la investigación, tal como él separó a Alberto Capella, “ya que en este ataque artero, no deben ser juez y parte”.
Señaló que existe “una clara negligencia de parte de las autoridades por no estar vigilantes de estos acontecimientos, porque si el Gobernador es el principal responsable por qué no estar al pendiente de que se cumpla su orden”.
Este jueves 12 de noviembre, el vocero de Quintana Roo, Carlos Orvañanos, indicó en una conferencia transmitida por redes sociales, que a cuatro días del ataque de los policías, el Gobernador no sabía quién había dado la orden, “lo que claramente evidencia que falla en su responsabilidad y esa falla pudo haber causado muchas muertes”.
Explicó que “el servicio público implica la máxima diligencia: existe en el Código Penal de Quintana Roo un delito que se denomina el ejercicio negligente del servicio público”, argumentó referente a la falla del Ejecutivo de Quintana Roo.
“No es solo buscar culpables, es asumir su responsabilidad como Gobernador y garante de la vida de la gente que vive y viene a visitar Quintana Roo. Si no es capaz de saber a 5 días quién dio la orden de disparar, mucho menos es capaz de garantizar el derecho a la vida a quienes están en la entidad que gobierna, ya no se diga garantizar la vida a quien se manifiesta”.
Resumió que el lunes 9 de noviembre, la policía cometió diversos delitos como lesiones, tentativa de homicidio, disparo de arma de fuego, daño en propiedad ajena… y eso se conoce como “concurso de delitos”. Hubo diversas conductas, distintos delitos, que se pueden cometer “por comisión o por omisión, y hay delitos de comisión por omisión”. Reiteró que si Carlos Joaquín se asume como el responsable del Mando Único y sabía qué se haría una manifestación desde muy temprano, “porque él mismo afirma que por la mañana habló con los colectivos feministas –como lo declaró públicamente– por qué no hizo algo al respecto, a qué hora se dio cuenta de lo que le habían hecho los policías a los manifestantes, en dónde estaba”, cuestionó y agregó: “No solo estaríamos frente a un ejercicio indebido o negligente del servicio público por parte del Secretario de Seguridad Pública, también sí del Gobernador, porque como funcionarios del Mando Único son responsables penalmente de las conductas de los policías, con independencia de que ellos no hubieran ordenado de manera directa reprimir de esa forma, es decir, el delito es comisión por omisión, ya que como lo ha aceptado el propio Gobernador: él giró instrucciones específicas de que no hubiera armas, sabía que las manifestaciones podrían salirse de control y no supervisó que se cumplieran sus instrucciones, siendo que él es el primer responsable del Mando Único y es garante del bien Jurídico, luego, por tanto, es responsable de lesiones, homicidio en grado de tentativa y cada uno de los delitos que se cometieron el lunes 9 de noviembre en la Plaza de la Reforma”, concluyó.
Con información de Quadratín Quintana Roo https://quintanaroo.quadratin.com.mx/