Un año después de que una jueza en Veracruz girara una orden de aprehensión contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, el gobierno de México entregó a Guatemala la solicitud formal para que dicho gobierno autorice la ejecución de esa orden, y así proceder penalmente contra el exgobernador veracruzano por este delito catalogado como de lesa humanidad.
El permiso de Guatemala es forzoso para que el caso avance ya que cuando Duarte fue extraditado desde ese país a México, fue solo por hechos de corrupción y lavado de dinero. El tratado de extradición entre ambos países establece que si, a la postre, se quiere proceder en contra de un extraditado por un nuevo delito, se tiene que pedir permiso al país que lo mandó.
La orden de arresto por desaparición forzada se giró desde el 6 de junio de 2018 a petición de la Fiscalía de Veracruz, pero el proceso se demoró varios meses por problemas para integrar el documento, informó oficialmente a Animal Político la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Fiscalía General de la República (FGR).
En agosto de ese año, la entonces PGR presentó a petición de la Fiscalía de Veracruz la solicitud a la SRE para iniciar el trámite diplomático ante Guatemala y proceder penalmente en contra del exgobernador. Pero la SRE devolvió el documento advirtiendo que faltaban varios datos para iniciar el procedimiento.
A partir de ahí transcurrieron varios meses sin mayor avance. La causa, según lo indicado por la FGR, es que se estaba reuniendo junto con la Fiscalía estatal la información requerida.
Fue hasta el pasado 20 de mayo cuando la FGR volvió a remitir ante Relaciones Exteriores la nueva solicitud con los datos requeridos y corregidos y de ahí fue remitida a la Embajada de Guatemala. El 17 de junio, la Embajada de México en aquel país informó que ya había hecho entrega formal de la nota diplomática al gobierno guatemalteco.
Posteriormente, en un oficio fechado el 28 de junio, la SRE informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó ampliar el requerimiento de la petición presentada por México. De acuerdo con la FGR, justo este martes se entregaron los datos extras solicitados a la Cancillería para que los remita a Guatemala.
De acuerdo con las autoridades consultadas, se espera que sea a más tardar el próximo mes cuando se reciba la respuesta oficial de Guatemala.
De declararse procedente la ejecución de la orden, la misma sería cumplimentada de forma protocolaria en el Reclusorio Norte donde ya se encuentra recluido Javier Duarte, cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.
El paso siguiente sería su traslado a Veracruz para que comparezca ante un juez en audiencia inicial, o que sea un juez de la Ciudad de México el que en auxilio del de Veracruz lleve a cabo la audiencia, como ya ocurrió antes en dos procesos locales promovidos contra Duarte por la Fiscalía de aquella entidad.
El delito de desaparición forzada de personas puede alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con el artículo 318Bis del Código Penal de Veracruz.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dijo que está dispuesto a enfrentar el proceso por la acusación de presunta desaparición forzada que le imputa la Fiscalía General de Veracruz, pues sostuvo que se trata de un “montaje” y que lo único que hay en su contra son testimonios obtenidos bajo presunta tortura.
En entrevista telefónica con Animal Político desde el Reclusorio Norte, Duarte aseguró que no se le acusa de haber perpetrado desapariciones, sino de supuestamente “obstruir” la investigación de las mismas durante su gestión como mandatario estatal.
“Ni siquiera es un caso de desaparición forzada, es de obstrucción de justicia y ese no es delito grave. Yo podría pelear esto mismo en Guatemala pero no lo voy a hacer. Lo haremos en México porque ya tenemos los elementos para documentar que esas pruebas carecen de validez y se trata de un montaje. Yo no tuve ninguna participación en nada de eso. El caso es endeble y ridículo” señaló.
Con información de Animal Político.