Además de la trasnacional brasileña Odebrecht, hay otras 11 empresas que conforman una extensa red criminal, aseguró Eduardo Salcedo-Albarán, director de Vortex, una fundación dedicada a la investigación de sistemas criminales.
Por ello, dijo, es necesario que el gobierno mexicano realice acuerdos de cooperación como Brasil y Perú, para comenzar a investigar y en conjunto dar una solución a esta problemática.
“En México, durante los últimos 2 años hemos escuchado sobre los sobornos pagados por Odebrecht, y en varios países de América Latina se hace referencia a este mismo caso, pero en realidad Odebrecht es sólo una de los 12 empresas que conforman un cártel de corrupción en Brasil”, expresó el maestro en ciencia política en el seminario “Democracias Capturadas”, celebrado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El director de la fundación Vortex explicó que el Ministerio Público de Brasil se ha dedicado a investigar estos sistemas de delincuencia, y encontró, a finales de 2017, que había 900 elementos involucrados: 70 por ciento eran agentes privados, 19 por ciento agentes públicos, y 11 por ciento agentes específicamente criminales, relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Explicó que éstos establecieron 2 mil 700 interacciones; de ellas, el 50 por ciento fue de carácter económico. Esto, dijo, significa que el lavado de dinero es un elemento indispensable para entender los sistemas de corrupción actuales.
“Nosotros [Vortex] tenemos cerca de 100 nombres de funcionarios públicos, expresidentes y otras figuras financieras –como fondos domésticos e internacionales– que se establecieron para facilitar el lavado de dinero”, expuso Salcedo-Albarán.
Y añadió: “contemplando eso, Odebrecht queda como un solo nodo dentro de toda esta red criminal; entonces enfocarse sólo en este caso no va a permitir la desarticulación ni un cambio drástico en todo este sistema”.
También, destacó que el caso Lava Jato –la operación judicial denominada así por ser un lavador de carros donde políticos, funcionarios públicos y empresarios movían dinero en Brasil– es “el mayor caso de corrupción doméstica y trasnacional del que se tiene análisis hasta el momento”.
Agregó que, en México, el caso Odebrecht se ha simplificado en términos de los sobornos pagados por la constructora para obtener contratos de infraestructura; sin embargo, en realidad consistió en una red muy extensa que incluía partidos políticos y servidores públicos.
Según el experto, “las empresas catalizadas no sólo pagaban el soborno directamente: daban donaciones no reguladas a los partidos políticos para que posteriormente garantizaran el flujo de contratos; entonces ahí hay un tema de financiamiento electoral de campañas y lavado de dinero complejo”.
Para enfrentar esto, el investigador manifestó que se propuso establecer acuerdos entre ministerios públicos y fiscalías, y detalló que como Brasil es el país que mayormente se ha articulado gracias al caso Lava Jato, las fiscalías de los demás países –como Perú, Colombia, México y Argentina– han solicitado su cooperación para iniciar sus propias investigaciones.
“Perú fue el primero en solicitar información, por eso actualmente ha avanzado mucho en investigaciones: […] ya ha encontrado 500 agentes, entre empresas y líderes políticos, […] lo cual explica por qué los últimos cuatro presidentes están en proceso. Y aunque lamentablemente uno cometió suicidio, los otros tres están vinculados a prisión preventiva”.
En el caso de México, criticó, solamente ha solicitado tres veces cooperación con Brasil, en comparación con Perú que ya ha solicitado más de 50. Esto, dijo Salcedo-Albarán, evidencia que las investigaciones aquí han sido prácticamente nulas. “Aún hace falta mucho para que se provea algún tipo de solución certera o real frente a este problema”, finalizó.
Con información de Contralínea.