Lozoya puede revelar trama de corrupción que involucra a los expresidentes de México: Contralínea
Este martes Contralínea publicó en su portal una investigación documentada sobre el caso Lozoya donde expone que el juicio contra el exdirector de Pemex “podría revelar una trama de saqueo que alcanza a seis expresidentes del país”.
Aquí el artículo completo
En el que ya se perfila como el juicio más importante contra la corrupción política-gubernamental-empresarial en México, el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, podría revelar una trama de saqueo que alcanza a seis expresidentes del país, orquestada desde el gobierno de Miguel de la Madrid –ya fallecido– y que llegó a involucrar a 60 empresas privadas ciento por ciento propiedad de la petrolera, y otras 31 compañías participadas.
Y es que durante su administración al frente de la petrolera, Lozoya Austin conoció a fondo el manejo al margen de la ley de una estructura empresarial paralela que alcanzó su máximo esplendor a fines del gobierno de Felipe Calderón y a principios del de Enrique Peña Nieto. Para entonces, Pemex operaba como mafia en paraísos fiscales y territorios fiscalmente laxos, donde constituyó más de 30 empresas de papel (sin oficinas ni empleados).
De hecho, las adquisiciones de las plantas chatarra de Agro Nitrogenados –que corresponde a uno de los dos casos de presunta corrupción por los que será juzgado Lozoya Austin– y Fertinal –cuya investigación está pendiente de judicializarse–, así como la inversión del 51 por ciento del capital en el astillero español Hijos de J Barreras –con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador amenazó también denunciarlo– involucran directamente ese esquema empresarial paralelo.
Todas acontecieron durante la administración de Lozoya y se hicieron a través de las empresas privadas de Pemex, en especial del llamado Grupo PMI, cuyas empresas se encuentran radicadas en paraísos fiscales, y que no están sujetas a las leyes mexicanas porque no fueron constituidas aquí.
Otros fallidos negocios –por no decir fraudulentos– en los que se empleó este mecanismo han sido la participación de la petrolera mexicana en la española Repsol, en la refinería Deer Park, así como en las sociedades para construir los gasoductos Los Ramones y Chihuahua, privatizados tras la salida de Lozoya de Pemex.
La mano de los expresidentes
La firma autógrafa del expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León consta en uno de los oficios clave en este entramado empresarial. El documento data del 23 de mayo de 1989 y en éste Zedillo autorizaba –en su calidad de secretario de Programación y Presupuesto– la constitución de la empresa privada PMI Comercio Internacional, a la fecha aún cabeza del Grupo PMI.
En nombre del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, Zedillo avaló la solicitud de Pemex respecto a la constitución de esa “sociedad privada”. El oficio sin número de folio –dirigido al ya fallecido Fernando Hiriart Balderrama, en ese tiempo titular de la extinta Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal– indica que, “por acuerdo del c. presidente de la República (…) se autoriza la participación de Petróleos Mexicanos, conjuntamente con el Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera en el capital social de PMI Comercio Internacional”.
Desde su creación, PMI Comercio Internacional ha encabezado la actividad del denominado Grupo PMI: PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Holdings Petróleos España, SL; PMI Holdings, BV; PMI Services North America, Inc; PMI Pemex Services Europe, Ltd; PMI Pemex Internacional España, SA; PMI Services, BV; PMI Holdings North America, Inc; PMI Marine, Ltd, entre otras.
Pero las compañías privadas de Pemex se empezaron a constituir antes, a fines del sexenio de Miguel de la Madrid. El primer oficio de este gran fraude que aún debería resguardar la Secretaría de Hacienda data del 31 de marzo de 1988 y es sobre la autorización dada a Pemex para crear la empresa privada PMI Services, BV, en los Países Bajos.
Se trata del oficio 1630, firmado por quien fuera secretario de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe Armella. Éste es el primer soporte documental con carácter de autorización relacionado con las 90 inversiones de Pemex en empresas privadas. El oficio –dirigido a Hiriart Balderrama– indicaba que: “El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en sesión celebrada el 4 de febrero del presente año [1988], aprobó la constitución de una sociedad unimembre de nacionalidad holandesa que se denominará PMI Services, BV, cuyo único accionista será Petróleos Mexicanos y tendrá como objeto fundamental, aunque no exclusivo, servir de instrumento corporativo para proveer a éste de servicios relacionados con la comercialización de petróleo crudo y sus derivados”.
Agrega que ello “coadyuvará a que las actividades comerciales del organismo en el extranjero se desarrollen de una manera que le permita ser más competitivo con las empresas petroleras que actúan en el mercado internacional, así como a reducir el riesgo de que sus ingresos por la venta del petróleo crudo queden sujetos a impuestos locales”. El documento también indica que “la estrategia para la internacionalización de Petróleos Mexicanos es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y con lo previsto en el Programa Nacional de Energéticos 1984-1988”, impulsados por el presidente De la Madrid. Por ello, resolvió autorizar la participación de Pemex en el capital social de la empresa, mediante la aportación de 340 millones 950 mil pesos. La segunda compañía fue PMI Holdings, BV, también radicada en Países Bajos. Su autorización quedó registrada en el oficio 1.1629, del 15 de junio de 1988, con la firma de Pedro Aspe. Como secretario de Programación y Presupuesto, Aspe también autorizó la creación de la tercera compañía PMI Holdings, NV, en las Antillas Holandesas, entidad considerada como paraíso fiscal. Para 2007, esta empresa fue reubicada en España con el nombre de PMI Holdings Petróleos España.
Ya en la administración de Salinas, el 21 de febrero de 1992, Rogelio Gasca Neri –entonces subsecretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto– autorizó la constitución de Pemex Capital, Inc, en Delaware, Estados Unidos. Según el documento, su constitución fue necesaria para que la paraestatal lograra colocar deuda en el mercado de Estados Unidos: Pemex Capital facilitaría la emisión del papel comercial por 250 millones de dólares y su posterior amortización.
El 20 de abril de 1993 fue autorizada la creación de la sexta empresa “con carácter de no paraestatal”, Kot Insurance Company, AG, en Las Bermudas. Para ello, se facultó a Pemex invertir recursos públicos por 7 millones de dólares, revela el oficio 721.1.369, firmado por Carlos Ruiz Sacristán, subsecretario de Egresos de la SHCP, y dirigido a Ernesto Marcos Giacoman, director corporativo de Finanzas de la petrolera. El 5 de noviembre de 2003 –en el gobierno de Vicente Fox–, el Consejo de Administración de la paraestatal acordó trasladar el domicilio fiscal de la empresa a Suiza. El cambio fue avalado por Felipe Calderón, entonces secretario de Energía y presidente del consejo, consta en el acta de la sesión ordinaria 748 (Contralínea 115). “El Consejo de Administración, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, toma nota tanto de las gestiones tendientes a cambiar el domicilio social de la filial Kot Insurance Company, de Bermudas a Suiza, y aprueba el aumento de capital social de la filial, conforme a las disposiciones legales aplicables”. Dicha empresa tiene por objeto reasegurar las pólizas de seguros contratados por la paraestatal y por sus organismos subsidiarios, compañías subsidiarias y filiales. No obstante, carece de registro como paraestatal ante la Secretaría de Hacienda y tampoco reporta su situación a las finanzas públicas de México. “Kot reasegura 81.6 por ciento de las pólizas de reaseguro con terceros no afiliados. Para ello, asigna cuidadosamente el riesgo crediticio y monitorea en forma permanente el desempeño financiero de los terceros a los que les ha transferido el riesgo”, indicaba el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2006, elaborado por Pemex (https://cutt.ly/lsumnGe ).
Las cosas no fueron distintas en el sexenio de Peña Nieto: para entonces, la red empresarial paralela llegó a sumar 90 empresas con participación accionaria de la petrolera; 60 de ellas, ciento por ciento de su propiedad.
Muchos negocios contrarios al interés de la nación se hicieron al amparo de esas empresas, en su mayoría offshore. Entre los peores, destacan las compras de empresas quebradas, como Fertinal, Agro Nitrogenados y el astillero español Hijos de J Barreras; las pérdidas multimillonarias por la fallida inversión en Repsol; los negocios fraudulentos de la refinería Deer Park, o las adquisiciones sin licitación para las subsidiarias y el Corporativo, a través de la filial Pemex Procurement International, radicada en Estados Unidos y antes conocida como Integrated Trade Systems. Pero también toda la comercialización internacional del crudo mexicano, en especial al mercado de Estados Unidos y por lo cual parte del dinero de la venta de ese bien nacional va a parar a la tesorería del Grupo PMI en Holanda.
El 26 de octubre de 2015, la administración de Emilio Lozoya Austin ordenó una revisión de la estructura empresarial paralela, luego de que el Consejo de Administración de la petrolera –en su 900 sesión extraordinaria– obligó a la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios a realizar “un análisis con base en los indicadores operativos y financieros, así como en la integración del capital de las empresas filiales, a efecto de proponer en su caso, la fusión, escisión, transformación o modificación, enajenación o disolución y liquidación”.
Como lo he informado, en julio de 2016 la gestión de José Antonio González Anaya en Pemex recibió los resultados que revelaron que la petrolera poseía directa e indirectamente 61 empresas filiales –de las cuales 60 eran de su total propiedad y la restante (Hijos de J Barreras) de participación mayoritaria– y 29 participadas (con capital accionario menor al 50 por ciento).
Las empresas de su propiedad se diseminaban en México y el extranjero, incluidos paraísos fiscales y territorios fiscalmente laxos, como Islas Caimán; Delaware, Estados Unidos; Países Bajos; Irlanda, Suiza y España, y que estarían implicadas también en la presunta elusión internacional de impuestos.
El análisis concluyó que se debería reducir su número y de “alinear algunos activos en las líneas de negocio apropiadas”, como parte de la reorganización corporativa de Petróleos Mexicanos. Por ello se inició un proyecto de reingeniería que “se concibió para permitir optimizar la estructura corporativa de las empresas filiales, empresas participadas y empresas productivas subsidiarias, así como disminuir sus costos operativos, gestiones administrativas y cargas del personal en sus roles de representantes y consejeros”.
En uno de sus Libros blancos, la petrolera dio cuenta al cierre del gobierno de Peña que “al mes de julio de 2016, Pemex y sus subsidiarias participaban, de forma directa o indirecta, en el capital social de 90 empresas; de las cuales, en 61 mantenían una participación accionaria mayor al 50 por ciento de su capital social, y por lo tanto se consideran empresas filiales, y en las 29 empresas participadas restantes no rebasaban dicho porcentaje”.
La memoria documental Reingeniería corporativa de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias. Periodo 2012-2018 reveló que de las 61 mayoritarias, siete las poseía en forma directa y 54 en forma triangulada; mientras que de las participadas, sólo dos eran inversiones directas y el resto, 27, indirectas.
Según su actividad, en Upstream participaban tres; en Downstream, una; en logística, 22; 10 en comercialización; en producción y venta de petroquímicos, dos; en cogeneración, una; astilleros, una; procura, una; financiera, tres; administración inmobiliaria, tres; servicios portuarios, tres; servicios, 19; tenedoras de acciones, 18; producción y venta de fertilizantes, dos [las dos quebradas: Fertinal y Agro Nitrogenados]; y en Fibra E, una.
Según el libro blanco, “derivado del gran número de empresas en las que participaban tanto Pemex como sus subsidiarias, se decidió analizar la situación operativa, legal, fiscal y financiera de la totalidad de las empresas, con el propósito de optimizar su estructura corporativa y disminuir los costos operativos”.
El resultado fue desastroso: 14 se encontraban en proceso de liquidación y venta y 63 presentaban entre uno y tres problemas (como duplicidad de funciones, mal desempeño financiero o de plano se encontraban sin operar).
El esquema empresarial que Pemex constituyó a lo largo de los años es tan complejo que los resultados de la reingeniería al primer año fueron mínimos: y es que para julio de 2017 apenas había logrado vender 11 empresas, liquidar tres y fusionar una.
Se inició entonces una segunda etapa, que tampoco fue exitosa. Su evaluación, realizada en abril de 2018, arrojó que se tenían 12 empresas vendidas, siete liquidadas y cuatro fusionadas. En estas cifras se incluían los resultados de la primera etapa.
Pese al supuesto esfuerzo por reducir estas empresas offshore, Pemex reincidió en su actuar: creó otras dos empresas privadas a pesar del proceso de reingeniería que estaba impulsando.
A septiembre de 2018, ya cuando se sabía que López Obrador asumiría la Presidencia, el resultado no fue mejor: su proceso de tres etapas y un ajuste consiguió vender 17 empresas y/o participaciones accionarias; liquidar siete, y fusionar cuatro.
De esta manera, la gestión del ingeniero Carlos Treviño heredó a la nueva administración del ingeniero Octavio Romero un total de 62 empresas de su propiedad y participadas. Y es que, con el programa de reingeniería, solamente pudieron impactarse 28 compañías, además de que en el proceso se crearon otras dos.
A la fecha, Pemex no ha podido extinguir varias de esas compañías; según ha explicado el ingeniero Romero Oropeza, esto ha ocurrido porque de varias de ellas dependen contratos transexenales que no se pueden cancelar.
Sin duda, el juicio contra Lozoya Austin podría dar luz respecto de esta trama terrible de corrupción, pero sobre todo servir para repatriar miles de millones de pesos del erario nacional que se trataron de privatizar y se dispersaron en cuentas privadas en el extranjero, en especial en Países Bajos.
Artículo publicado por Contralínea https://bit.ly/2D8dZRD