Pemex y Banobras firmaron convenios por 5 años con Instituto al estilo de La Estafa Maestra
Pemex y Banobras realizaron convenios con el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con vigencia de cinco y dos años respectivamente, lo que les permitió entregar recursos públicos durante varios ejercicios fiscales sin cumplir con los servicios contratados, lo que forma parte del esquema conocido como La Estafa Maestra.
Pemex Producción y Exploración firmó un convenio multianual con el Instituto Tecnológico Superior de Centla en 2012 y con vigencia hasta 2017, mediante el cual entregó 12 millones de pesos para “establecer las bases de cooperación” para servicios como “acreditación ambiental”, aunque la institución no tenía capacidad ni física ni técnica para cumplir con algún servicio.
En tanto, el Banco Nacional de Obras (Banobras) hizo otro convenio también con el Instituto en 2016 con vigencia hasta 2018. Gracias a eso, sólo en 2017, Banobras entregó casi un millón de pesos para “la elaboración de diagnósticos y/o estudios y/o proyectos ejecutivos”, aunque entre las empresas subcontratadas está una dedicada al diseño gráfico.
Así lo demostró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Tercer Informe de Cuenta Pública 2017, en la auditoría forense 17-4-99371-12-1610-2018 realizada al Instituto Tecnológico Superior de Centla, y en la cual revisó los convenios que la institución hizo con dependencias federales.
Aunque el Instituto recibió millones de pesos, sólo tiene una matrícula de poco más de mil estudiantes y ofrece ocho ingenierías, con 65 profesores y 67 trabajadores de apoyo a la educación. Pese a que la institución educativa afirmó tener capacidad para cumplir con los servicios a Pemex y Banobras, no lo hizo, pues subcontrató empresas a las que entregó más de 90% de los recursos federales que recibió a través de los convenios.
Pemex y Banobras fueron dos de los organismos de la administración federal que estuvieron involucrados en La Estafa Maestra entre 2013 y 2014, con la firma de 36 y 3 convenios, respectivamente, con diferentes universidades públicas y cuyos recursos terminaron en empresas irregulares o fantasma.
Repiten La Estafa Maestra
Pemex Producción y Exploración firmó un convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Centla el 9 de noviembre de 2012 con vigencia hasta el 8 de noviembre de 2017. Esto permitió que durante esos cinco años la empresa y la institución firmaran más convenios específicos para diferentes servicios.
Uno de ellos se firmó el 18 de febrero de 2014 para el “servicio de acreditación ambiental y seguimiento del cumplimiento a términos y condicionantes del Proyecto Macuspana y actividades petroleras en PEP”, por lo que entre 2016 y 2017, la empresa productiva entregó 12 millones 773 mil pesos a la institución, según las facturas revisadas por la Auditoría.
El Instituto, a su vez, transfirió 11 millones 119 mil pesos a la empresa Valencia Consultores Ambientales, S.A. de C.V., que según su acta constitutiva es propiedad de José Luis Valencia Jiménez, Jesús Miguel Valencia Jiménez, Martha Izquierdo Vidal y Mario Humberto Valencia Jiménez.
La empresa que fue constituida en 2005 y tiene como objeto dar consultoría en ingeniería ambiental, hacer estudios de impacto ambiental, entre otros, no tenía historial de contratación con el gobierno, pues de acuerdo con información de Compranet, la empresa sólo consiguió un contrato con el gobierno de Tabasco 2015 para un curso de evaluación de riesgo ambiental, por el cual ganó 51 mil pesos.
Al revisar la comprobación de los servicios, la Auditoría detectó que “no ejecutaron y supervisaron de manera eficiente el estricto cumplimiento del Convenio”, por lo que las irregularidades “pueden constituir responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y Producción”, por lo que incluso, la Auditoría informó de esto al Órgano Interno de Control de Pemex para que realice las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades.
En 2017 Banobras, dirigido entonces por Alfredo Vara Alonso, aseguró mediante una comunicación dirigida a Animal Político como parte de la respuesta a la investigación La Estafa Maestra que en ese año no se firmaron convenios con universidades.
Si bien eso fue cierto, la auditoría revela ahora que en ese año se siguieron erogando recursos públicos para pagar los acuerdos previos, aún cuando no hubo evidencia de la realización de los servicios solicitados.
“En el presente ejercicio fiscal (2017) no se ha suscrito contrato alguno con institución de educación superior. Banobras es una institución comprometida con el uso eficiente y transparencia de los recursos públicos”, respondió el equipo de comunicación social previo a la publicación de la investigación periodística ese año.
Sin embargo, la Auditoría detectó que el Banco Nacional de Obras entregó 910 mil pesos al Instituto de educación para el convenio “Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de Recursos del Banco de Proyectos Municipales (BPM)” firmado en 2016.
El Instituto, a su vez entregó 60% del dinero a siete municipios de Michoacán porque así lo solicitó Banobras. Al verificar las pruebas de los servicios, la Auditoría detectó que tenían inconsistencias, por ejemplo “en el entregable del municipio de Zacapu, en los apartados de “comunicaciones y transportes”; “problemática identificada”; “vialidades secundarias” y “vialidades terciarias”, se repitieron los primeros dos párrafos, también las imágenes contempladas en los apartados que lo conforman se duplicaron en el anexo de memoria fotográfica”.
Además, en lo referente a “espacios públicos, cinco fuentes bibliográficas referidas no se localizaron y tres de las fuentes no se vinculan con el concepto de espacios públicos”.
El Instituto además, subcontrató a las empresas Pecosen Solutions, S. A. de C. V. y Grupo Optimun Treatment, S. A. de C. V. por 334 mil pesos. Sin embargo, la primera se dedica a “servicios de diseño gráfico, agencia de publicidad y fabricación de anuncios publicitarios”, actividades que “no corresponden a los servicios contratados por el Instituto, ya que estos se refieren a servicios de logística”, advierte la Auditoría.
La segunda empresa se dedica al “comercio al por mayor de productos farmacéuticos, comercio al por mayor de ropa”, lo cual tampoco corresponde a los supuesto servicios contratados por la institución educativa, que se refieren al arrendamiento de equipo de cómputo y transporte.
Con información de Animal Político.