De acuerdo a cifras oficiales por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQR), registró alrededor de 20 quejas de personas que han sido víctimas de tortura por servidores públicos, donde Benito Juárez, Cancún, ocupa el segundo lugar, arriba de Solidaridad, Playa del Carmen.
Para entender este delito, cualquier colaborador de la autoridad municipal o estatal que implemente la tortura hacia una persona para que obedezca, sea castigada o para sacar algún tipo de información que pueda proporcionar avances en la investigación de algún caso en específico, hoy en día es una infracción de la ley.
Para eso existen distintos medios para llevar ante la justicia a los que resulten responsables de este delito, tales casos son, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de los Derechos humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQR) en donde uno se ocupa en proteger a los derechos y otro en llevarlo a la judicialización, así lo explicó Marco Antonio Toh, presidente de la CDHEQR.
“Muchas personas piensan que, al traer las queja o denuncias a nosotros, es porque vamos a ser función de jueces, sin embargo, no es así, nosotros trabajamos en conjunto con la fiscalía en las labores de investigación para proporcionar las pruebas correspondientes, los que continúan con el caso y lo llevan ante un juez, son ellos”.
Marco Antonio Toh Euán, detalló que ellos continuarán trabajando para buscar el bienestar de las personas que han pasado por este delito, protegiendo sus derechos; afirmó que los municipios que necesitan más apoyo en este tema son, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, que los que han presentado mayores quejas.
Mientras tanto a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2016 en encuesta realizada a más de 64.000 personas que estaban encarceladas en 370 cárceles de todo el país, el 57,8 por ciento informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado.
De estas personas, el 19 por ciento indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 por ciento haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 por ciento haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 por ciento manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de que hicieran daño a familiares.
La fiscalía, así como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, recomienda acudir sin temor a denunciar a todos aquellos agentes de Seguridad Pública que implementan algún tipo de amenaza o tortura para llevar a cabo su trabajo, en donde violan los derechos humanos.
Con información de La Verdad Noticias.