En conferencia de prensa, el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acompañado por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, señaló los avances de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que se tienen relacionadas con probables casos de corrupción.
Se informó que existen indagatorias desde 2015, tanto de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en las cuales, seis funcionarios de la SEDATU así como siete de la SEDESOL, quienes llevan su proceso en libertad en virtud de que los delitos que probablemente cometieron no están considerados con prisión preventiva oficiosa o como graves.
Existen además 16 carpetas de investigación en trámite y se encuentra pendiente, en tres de ellas, solicitar la fecha próxima de audiencia inicial de formulación de imputación, por lo que se llevan a cabo todos los procesos de investigación para ponerlas a disposición de los jueces.
Se cuenta con 23 expedientes, de los cuales tres son averiguaciones previas que datan de 2015, 10 de 2017 y las 10 restantes de noviembre de 2018 a la fecha; una de ellas se encuentra integrada con pliego de consignación elaborado para ejercitar acción penal en contra de diversos servidores públicos.
Asimismo, se cuenta con suspensión definitiva en diversos juicios de amparo admitidos con fechas 12 de abril de 2018 y 16 de noviembre de 2017 respectivamente, y se encuentran pendientes de resolver los recursos de revisión.
En dichos expedientes existe un probable daño patrimonial por aproximadamente 839 millones 769 mil 480 pesos.
Está pendiente de fijarse audiencia inicial en dos causas penales por dos probables responsables; en la segunda de ellas, la fecha de audiencia inicial pendiente de fijarse es por lo que hace a tres personas. En las dos restantes se dictaron nueve autos de vinculación a proceso en contra cinco imputados.
Existen seis juicios de amparo promovidos por los imputados que impiden que el juez de control señale fecha de audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso.