En el planteamiento de la conveniencia de la legalización de la cannabis caben consideraciones de diverso orden, no sólo de seguridad pública –que es el enfoque prevalente en México–, también deben ponderarse cuestiones de salud pública, económicas, financieras, educativas y jurídicas. ¿Qué tienen que decir al respecto los principales actores involucrados en estos temas? Políticos, especialistas e instituciones en salud, seguridad, educación, organizaciones de la sociedad civil tanto progres como reaccionarios entrarán en escena. Se acerca el momento de un debate amplio.
Los reportes anuales que publica la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) destacan que el consumo de cannabis va en aumento a nivel mundial, se estima que 192 millones de personas la consumieron en el 2016. Sin embargo, no sólo se debe considerar el consumo per cápita, sino el volumen económico, ya que el mercado lícito de cannabis rondará los 31,000 millones de dólares en 2021, de los cuales, el 80%, algo así como 25,000 millones de dólares, se concentrarán en Norteamérica, sin duda un potencial económico fuerte.
En cuanto a los países que han emprendido la legalización de cannabis, es conveniente voltear la mirada al caso uruguayo. Desde diciembre de 2013, Uruguay fue el primer país de Hispanoamérica y del mundo occidental en regular el mercado de mariguana medicinal y de uso recreativo desde su siembra hasta la venta al público en general, para ello se han registrado inversiones locales que no tienen en lo individual un impacto económico relevante, salvo el caso de asociaciones de capital uruguayo y canadiense que en conjunto han invertido 12 millones de dólares.
Similares grados de inversión para la explotación del cáñamo de la cannabis para fines medicinales y científicos se encuentran ya en Colombia y Chile, por lo que bien podría considerarse que las inversiones son más bien conservadoras y apuntan a “preparar el terreno” para una eventual liberalización del consumo lúdico, lo cual suscita un dilema no planteado antes, pues estos países encuentran una resistencia del sistema financiero local e internacional.
No debe pasarse por alto que la banca es global, así, los servicios financieros con presencia en dichos países se encuentran ante el reto de flexibilizar sus políticas de control o prevención al lavado de dinero PLD, para atender el sistema de pagos, cobros, inversión y ahorro de recursos que requieren las empresas y las personas que comercializan cannabis.
Caso distinto es el de Canadá, donde tan sólo en septiembre de 2017 se realizaron más de 124,000 envíos de cannabis medicinal de productores licenciatarios a pacientes, se encontraban registradas poco más de 24,000 personas para autocultivo y más de 18,000 profesionales de la salud prescribieron cannabis o alguno de sus derivados para tratamientos médicos o terapéuticos.
Esta vez, México debe tomar una decisión, sin perder de vista los casos internacionales.
Con información de Forbes.