La vida de Megan, una niña de siete años, cambió a causa de una bala perdida. El pasado 6 de julio, a las dos de la mañana, un proyectil atravesó el techo de lámina de su casa e impactó en su ojo izquierdo. La pequeña se despertó y empezó a llorar. Su papá, Celestino Garrido, corrió a averiguar qué le pasaba y, cuando vio que su cara sangraba, decidió llevarla a urgencias médicas.
Primero fue al Hospital General de Tláhuac, donde el personal se negó a atenderla argumentando que no contaba con los instrumentos necesarios. Después, en el Hospital Pediátrico, ocurrió lo mismo.
Fue hasta que vecinos de la familia bloquearon el cruce de la Calzada Ermita Iztapalapa con Avenida Javier Rojo Gómez que la niña fue recibida en el Instituto Nacional de Pediatría. Sin embargo, según ha contado su papá, para ese momento ya era demasiado tarde y Megan perdió el ojo.
“Ella pasó a segundo grado de primaria y su hobby era la lectura, y no sé si lo va a seguir haciendo”, dijo Celestino a medios.
En tanto, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, señaló que la institución a su cargo está investigando si ese día hubo fiestas o riñas cerca de la casa de Megan, con el objetivo de encontrar al responsable de las heridas de la niña.
Pero lejos de ser un caso aislado, lo que sucedió a Megan se suma a otros hechos similares ocurridos tan solo en la capital del país, que en conjunto muestran qué tan grave es el problema de las balas perdidas en México.
De acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), México es el segundo país de la región con más incidentes y víctimas derivados de estos eventos.
En lo que va del año, otros ejemplos de la situación son la muerte de una bebé de siete meses en marzo pasado, luego de que recibió el impacto de una bala perdida en Milpa Alta, donde su madre atribuyó el hecho a que ese día sus vecinos estaban alcoholizados y lanzando disparos al aire; el fallecimiento de un hombre en Coyoacán, cerca de un enfrentamiento entre policías y ladrones, y el deceso de la joven Aideé Mendoza, estudiante del CCH Oriente de la UNAM, quien resultó herida por un proyectil que se estima recorrió unos 300 metros hasta donde estaba ella saliendo de clases.
Balas perdidas: un panorama en cifras
Los datos del UNLIREC provienen de un monitoreo a los reportes sobre estos incidentes registrados en medios de comunicación regionales entre 2014 y 2015.
Estos resultados muestran que México tuvo 116 casos, solamente debajo de los 197 que hubo en Brasil, el país más poblado de América Latina. Con esto, México se situó arriba de Colombia, que tuvo 101; de Venezuela, que tuvo 70, y de Perú, que tuvo 42.
Los 116 incidentes contabilizados en México generaron 132 víctimas: 55 personas muertas y 77 lesionadas. Por edades, 54 de los afectados eran menores —40.9% del total—, 32 eran adultos, 24 eran adultos jóvenes y de 22 no se especificó este rasgo.
De acuerdo con la información recabada, en 28% de los casos no se supo de dónde provino la bala perdida, en 16% provino de situaciones de violencia social, en 15% provino del crimen organizado y en 14% provino de los llamados “tiros alegres”, aquellos que se lanzan al aire en algún festejo.
Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) da cuenta de lesiones y homicidios culposos o no intencionales cometidos con arma de fuego, aunque no detalla si se debieron a balas perdidas u otras causas.
Este año, entre enero y junio se registraron 37 homicidios culposos con arma de fuego en todo el país, mientras que las lesiones culposas con arma de fuego sumaron 226.
Mayor control y desarme, posibles soluciones
El experto en seguridad Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), consideró que las políticas desplegadas hasta ahora para el control de armas han sido insuficientes. Estimó que un ejemplo de ello es el programa Sí al desarme, sí a la paz, que se ejecuta en la Ciudad de México.
“La política de entrega de armas por bonos de despensa o dinero se ha venido aplicando en los últimos 20 años con ninguna evidencia de resultados. El delincuente que tiene una arma en su casa no la va a ir a entregar, y menos por una despensa de 3,000 pesos”, dijo en entrevista.
“Quienes entregan esas armas son las amas de casa que están preocupadas porque el marido tiene una arma ilegalmente, o el hijo, pero la mayor parte de las armas no sirven o están en desuso desde hace mucho tiempo”, añadió.
Para Rivas, es necesario frenar el flujo ilícito de armas, que va desde las fronteras del país hasta las ciudades y los centros rurales.
“No hay en las ciudades un trabajo entre los gobiernos locales y la Federación para identificar dónde está el comercio ilícito de armas y cómo combatirlo”, lamentó.
En tanto, el director de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel, consideró que los programas de desarme deben reforzarse, además de plantearse la regulación de las drogas.
“Son dos tratamientos diferentes. Si no regulamos droga, no vamos a desarmar a toda esta población (de delincuentes o narcomenudistas), porque el recurso es ‘plata o plomo’ en el mercado de drogas. En el otro caso (ciudadanos con armas en casa), es (trabajar en) todo un programa de desarme, que se realice en varios estados a cambio algún incentivo”, dijo.
Con información de Política expansión.