La FGR y la UIF señalan al abogado Juan Collado –amigo de los expresidentes Salinas y Peña Nieto– de haber operado directamente el desvío ilegal de fondos de Caja Libertad a distintas entidades mercantiles, simulando operaciones de compraventa de inmuebles y créditos por medio de “un elaborado esquema operativo” para lavar el dinero. Los recursos se habrían triangulado a España y al paraíso fiscal de Andorra, revela expediente
El abogado Juan Ramón Collado Mocelo –amigo de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de haber organizado un grupo para delinquir y, ante todo, de haber desviado fondos de la institución financiera Libertad Servicios Financieros, SA de CV LFD (Caja Libertad), de su destino legal y con ello configurar el delito de lavado de dinero.
La carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 señala que los activos defraudados se enviaron a distintas entidades mercantiles “justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos”. Los beneficiarios finales, aseguran ambas instituciones, fueron el propio Collado Mocelo y su socio José Antonio Rico Rico.
La UIF indica que, a partir de la denuncia interpuesta por el presunto defraudado –Sergio Hugo Bustamante Figueroa–, se comprobaron una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, SA de CV, y adquirido por Libertad Servicios Financieros.
Estas operaciones, refiere la institución encabezada por Santiago Nieto, podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el sistema financiero nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son.
La denuncia
Horas después de la detención del abogado de la familia Salinas de Gortari –ocurrida el pasado 9 de julio en la Ciudad de México–, la FGR señaló que los delitos imputados eran dos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó a Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, la declaración del denunciante, estados de cuenta [de Banorte y BBVA Bancomer] vinculados a la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, así como diversos recibos de pago y de transferencias de esa misma compañía directamente involucrada en la defraudación.
De acuerdo con el expediente de la causa penal 269/2019 –cuya orden de aprehensión consta de 141 páginas y de la que Contralínea posee copia–, la denuncia de hechos presentada por Bustamante Figueroa el 7 de junio de 2019 es la que revela la ruta de los presuntos crímenes, y los documentos aportados tanto por la UIF como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria la comprueban.
La testimonial de Bustamante Figueroa refiere que desde el 21 de abril de 2010 es accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, con participación del 50 por ciento del capital, mientras que el otro 50 por ciento era propiedad de José Antonio Rico Rico.
Según la ruta del presunto fraude, la empresa adquirió un inmueble con superficie de 3 mil 877.17 metros cuadrados en la llamada Zona Comercial Centro Sur de Querétaro, donde edificó un inmueble de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento, con valor actual de 700 millones de pesos. Para entonces, el administrador único de la empresa era el señor J Guadalupe Aboites Hernández.
El denunciante señaló en su denuncia que, en Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 30 de julio de 2013 –“a la cual nunca fui convocado y mucho menos validé con firma alguna”– se hizo un cambio de accionistas a favor de José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.
Para el 25 de marzo de 2015, Cárdenas Rico otorgó un poder a José Antonio Vargas Hernández para vender en 156 millones de pesos el inmueble. Quince días después, Operadora de Inmuebles del Centro depositó a Juan Collado –presidente del Consejo de Administración–, 24 millones de pesos mediante transferencia SPEI.
Días antes, la empresa también realizó transferencias a Administradora Ario, SA de CV, con RFC AAR100302JM6, por 70 millones; dos a la empresa con RFC AAR100302JM6, por un total de 25 millones 750 mil pesos; a Despacho Integral de Inmuebles, con RFC DID121221JC7, por 1 millón 291 mil; y a la persona moral con RFC MRI110214BJA, por 493 mil pesos.
La denuncia señala que esos recursos pagados por la venta del inmueble y las acciones de Operadora de Inmuebles del Centro “fueron sustraídos ilegalmente por el presidente del Consejo de Administración de la empresa Libertad Servicios Financieros, SA de CV, Juan Ramón Collado Mucelo, e inmediatamente retirados en diversas partidas a diversas empresas propiedad de José Antonio Rico Rico”.
E identifica a la contadora de Operadora de Inmuebles del Centro, Tania Patricia García Ortega, como quien administró, representó y firmó las cuentas donde se depositó el dinero a las diversas empresas de Rico Rico: Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles, y Administradora Ario.
El denunciante –Bustamante Figueroa– se enteró de la venta en marzo de 2015, último mes que recibió el pago del 50 por ciento de la renta del inmueble (852 mil pesos). “Se me informó que no pagarían la renta y que ya habían vendido el inmueble a Libertad Servicios Financieros”.
En abril de 2015, Bustamante se dirigió con la contadora García Ortega: “A quien le reclamé el motivo por el cual no se me había realizado el deposito correspondiente, manifestándome que me dirigiera con José Antonio Rico, ya que éste le había dado la instrucción de que no hiciera el depósito, según ella ignorando la razón”.
Al reunirse con éste, Rico Rico habría admitido la venta del inmueble “dado que había asumido el compromiso con Javier Rodríguez Borgio de venderle el edificio de mi propiedad, esto a razón de que Javier Rodríguez Borgio pretendía comprar la administración de Libertad Servicios Financieros, poniendo como condicionante la adquisición del inmueble”.
En una tercera reunión, Rico Rico le aseguró que Rodríguez Borgio (de los casinos Big Bola) ya no compraría la Caja Libertad porque “estaba bloqueado por el sistema financiero por sus antecedentes”. Y añadió que Collado fue quien compró la administración de sociedad financiera popular.
La condición para comprar el edificio fue que se le entregaran los 24 millones de pesos del total del precio de 173 millones 282 mil. De este último monto, se indica que 17 millones 282 mil pesos corresponden al pago de 16 por ciento del impuesto del valor agregado.
Luego de esto, Bustamante presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, y una demanda civil. El demandante observó que, a título personal, realizó sus propias investigaciones y descubrió que “a partir de la ilegal compra venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, tales como España y Andorra”.
Agregó que el esquema al que se recurrió “es utilizado como método para blanquear el dinero, razón por la que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países antes mencionados, todo esto lo pueden corroborar con los pasaportes en particular los de Juan Ramón Collado Mocelo y José Antonio Rico Rico, así como los familiares de ambos personajes”.
Según Bustamante, Caja Libertad “es utilizada para hacer movimientos financieros inusuales que seguramente constituyen graves delitos financieros, por ejemplo: créditos de montos muy altos con sustentos muy débiles, pagos de servicios como mantenimiento, seguros cobrados con los créditos, asesorías y todo tipo de servicio que se les ocurra, cuyos únicos beneficiados son los principales directivos”. Y entre éstos citó a Rico Rico y Collado Mocelo.
Aunado a lo anterior, señaló que la Caja Libertad “maneja un esquema de recompra de acciones a cada uno de los más de 1 millón de socios que el día de hoy forman la sociedad, dichos titulares de crédito están sujetos a compra hormiga, cuyos titulares finales son José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y compañía”.
Para el denunciante, ambos celebraron contratos con Rodríguez Borgio “(este último considerado el Zar de los casinos en México)” para conservar la propiedad de Libertad Servicios Financieros, “con el propósito o finalidad de hacerse ilícitamente de la propiedad y la mayor parte de las acciones de la institución financiera, todo con la complacencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.
La conexión con Europa
En su relatoría, Bustamante sostuvo que Rico Rico y el licenciado Jesús Beltrán González le manifestaron verbalmente que “realizan transferencias al exterior muy cuantiosas y a diversos bancos en el país de España y de Andorra y en otras partes de Europa, a fin de ocultar recursos desde el punto de vista fiscal, el lavar dinero y además enviarlos a paraísos fiscales”.
Con dichos recursos obtenidos fraudulentamente, agregó, “han realizado compras fraudulentas de gran valor, como por ejemplo Plaza Bulevares en la ciudad de Querétaro, propiedad de Rico Rico y su socio Rodríguez Borgio, y a través de desarrollos inmobiliarios en diversas partes de la República”.
Para ello, indicó, utilizaban a los hijos y esposa del primero: José Antonio y Karla Denisse Rico García y Sandra Patricia García Olvera, “para ocultar sus propiedades obtenidas con los recursos ilícitos y las empresas que son de su propiedad que también participan en las conductas ilícitas son las siguientes: Plaza Plus, SA de CV; Accimax, SA de CV; y Maxiplus, SA de CV”.
Un día después de su detención y luego de que le fue dictada la privación de la libertad para que no evada la acción de la justicia, el 10 de julio Juan Collado renunció a la presidencia de Caja Libertad. Horas antes, la empresa mandó un comunicado asegurando que la institución no corría peligro por las investigaciones.
Para el juez Vázquez Rea, quien libró la orden de captura contra Juan Collado, José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega, las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República “son suficientes para establecer que se han cometido los hechos con apariencia de delito y que exista la probabilidad de que los indiciados los cometieron o participaron en su comisión”.
Artículo publicado por Contralínea.