A bordo de un jeep, el guardaparque de La Laguna de Chacahua, Gabriel Ramos Olivera, salió la mañana del 18 de agosto de 2017 rumbo a una reunión de trabajo. El biólogo de 37 años, considerado por sus colegas como uno de los vigilantes más experimentados en ese parque nacional, ya había comenzado su jornada de trabajo desde antes de las 8:00 horas.
A la altura de El Zapotalito, comunidad oaxaqueña donde lo conocían como Gabo, fue interceptado y acribillado por dos sujetos montados en una motocicleta. Vestido con botas beiges, pantalón de corte militar y una casaca con el logo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quedó tendido en el suelo, sangrando.
Desde aquel día, según cuenta un familiar, la procuraduría local no tiene avances en la investigación sobre los responsables del asesinato del guardaparque, quien trabajó seis años vigilando la flora y fauna de la laguna, declarada como uno de los humedales más importantes en el mundo.
Lo que le pasó a Gabo se enmarca en la serie de delitos cometidos por el crimen organizado en contra de biólogos de la academia y dependencias públicas. La razón es que, desde la administración de Felipe Calderón, los narcos se fueron apoderando de las zonas ricas en recursos naturales donde habitualmente se hacen labores de estudio, protección e inspección.
De acuerdo con documentos y entrevistas a exfuncionarios ambientales, académicos y consultores, en áreas naturales protegidas de 16 entidades se ha reportado que grupos criminales han llevado a cabo homicidios, torturas, lesiones, amenazas, secuestros y bloqueos.
“A mí me tocó tener registros y situaciones difíciles de ocupación de los territorios (…) Hubo momentos en que se presentaron dificultades para desarrollar los trabajos de conservación y dar seguimiento a los programas de manejo y aplicación de la ley”, revela en entrevista el maestro Luis Fueyo, quien fue comisionado de la Conanp entre 2010 y 2015.
Y el doctor Raúl Arriaga, integrante de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), señala: “Prácticamente en todas las áreas protegidas del norte y del sur, donde no hay actividad económica, son espacios propicios para la acción delincuencial. No podemos entrar a hacer trabajo y te la juegas si te agarran”.
El doctor Israel Alvarado, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), especializado en criminalidad ambiental, coincide en entrevista por separado: “Hay casos de cárteles que les pedían piso a los inspectores para hacer su trabajo. Lo más reiterativo que sucede es que no les permiten el acceso y los amenazan (…) La gente más agresiva son los talamontes; en operativos los recibían a tiros y con armamento sofisticado. Son expresiones claras de la criminalidad organizada”.
Los expertos consideran que si las condiciones son peligrosas ahora, el recorte presupuestal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la administración de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en el programa de manejo para la operación de las áreas nacionales protegidas, dejará en condiciones de mayor vulnerabilidad a los científicos que laboran en campo.
Narcoreservas
El 21 de mayo de 2010 vino la primera alerta cuando torturaron y asesinaron a tres inspectores: dos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y uno de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como a un guardaparque de la Conanp, luego de que realizaron una inspección de residuos tóxicos en un río, lo que los llevó a un narcolaboratorio entre Temascaltepec y Valle de Bravo, Estado de México.
En dicha región se encuentra la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, una de las 175 áreas naturales protegidas con diferentes categorías que van desde reservas, parques nacionales, monumentos naturales, santuarios, así como áreas de protección de recursos naturales y de flora y fauna.
A escasos días del crimen que consternó al sector ambiental, el maestro Fueyo tomó posesión de su cargo. Una de sus primeras acciones, consecuencia del clima de inseguridad, fue preparar un manual interno e impartir capacitación a los inspectores y guardaparques que se internan.
A cargo de coordinar el proyecto estuvo el maestro en Ciencias Vladimir Pliego, quien se convirtió en el enlace directo con la Secretaría de Marina. “Las condiciones cambiaron mucho, al menos en el tiempo que estuvimos desde 2010 y 2011. Los reportes que llegaban al comisionado se fueron incrementando y eran casi a diario. En algún momento (los reportes fueron) de condiciones más graves para salir.
“Al principio estaban focalizados en algunas áreas naturales. Dos de las (oficinas) regionales, cuando comenzaron en 2011 y 2012, nos dijeron que no había problema y que atendiéramos a los demás. Para 2014, en todas las regionales y todas las anp había pasado algún asunto (delictivo). Ya no podían salir en las noches y llegar a ciertos lugares. Para 2015 era general.”
Agrega que, además de la delincuencia organizada, los agresores eran policías comunitarios y comuneros, entre otros.
Fueyo y Pliego dejaron sus cargos de la Conanp en 2015 y entregaron el documento “Guía de seguridad”, pero desconocen si éste se aplica actualmente.
De acuerdo con los entrevistados y la documentación oficial, las áreas naturales “protegidas” más peligrosas están en Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Las más conflictivas son la Reserva de la Mariposa Monarca, entre Michoacán y el Estado de México; el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en Nuevo León; Laguna Madre, Tamaulipas; Parque Nacional Nevado de Toluca y Reserva de la Biósfera de los Volcanes, Estado de México, y toda la sierra Tarahumara, en Chihuahua.
Igualmente, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Morelos; Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, respectivamente en Baja California y Sonora; Parque Nacional Cañón del Sumidero, Parque Nacional Lagunas de Montebello y la Selva Lacandona, en Chiapas; Parque Nacional Tula, Hidalgo; Parque Nacional La Malinche, Puebla y Tlaxcala; y La Martinica, Veracruz.
“Los últimos ocho años se intensificó mucho (…) En Durango tuve que pagar por seguridad a través de amigos que conocen a los chicos malos, sólo para que sepan que vamos, pero no garantizan nada”, relata el biólogo Arriaga, quien aquella vez fue perseguido en la carretera por una caravana de narcos hasta un retén militar.
De acuerdo con el expediente PFPA/5.3 /12C.6/05639, de los 73 inspectores –biólogos e ingenieros– agredidos desde 2010, 15 fueron retenidos y secuestrados por la delincuencia organizada y civiles armados, en Guerrero y Tamaulipas.
Los casos de asesinatos por el narco son los de la Reserva de la Mariposa Monarca, en 2010. Y en 2014 un inspector de la Profepa fue golpeado afuera de una tienda por tres pescadores involucrados en el tráfico ilegal del pez totoaba en el Alto Golfo de California; de igual manera un funcionario ambiental fue agredido con bombas molotov durante una inspección realizada en una embarcación. Según el expediente PFPA/9.4/2C.22.1/3038/2014, del cual Proceso tiene copia, los responsables fueron denunciados por tentativa de homicidio,
Bloqueo a biólogos
En 2016 un equipo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ganó una convocatoria para llevar a cabo el proyecto “Participación comunitaria para la conservación de felinos y sus presas en Lagunas de Chacahua”, como parte del otorgamiento de apoyos para la ejecución de actividades del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (Procer).
Sin embargo, como dicen en una carta dirigida a la Conanp, los biólogos desistieron del proyecto a causa de los “escenarios de violencia e inseguridad que se presentan, además de las dificultades para acceder y salir del estado vía carretera debido a los numerosos retenes que son implementados por personas ajenas al gobierno federal o estatal (…) No existen las condiciones para el desarrollo de trabajo en campo”.
Consultados al respecto, maestros de biología de la propia UNAM consideran que las prácticas de campo se han vuelto inseguras, especialmente en Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Guanajuato.
“Un día les comenté a los estudiantes que debíamos trabajar un poco tarde para que no se deterioraran las muestras que llevábamos a conservación; empezamos a sacar ejemplares botánicos, y rodearon el hotel y revisaron todo. Tenían pasamontañas, ropa militar, armas largas, y me percato que no tenían ninguna insignia oficial (…) Al siguiente día nos fuimos y ya no volvimos”, cuenta una profesora. “En algunos lugares nos hemos enfrentado al huachicol, en otros a los talamontes… antes nuestras caminatas eran más largas”, agrega.
Por reportes como los anteriores, dice la académica, la UNAM publicó el “Reglamento para salidas profesionales y prácticas de campo de la Facultad de Ciencias”, aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias el 4 de octubre de 2012.
El doctor Arriaga, subsecretario de la Semarnat durante la administración de Vicente Fox, expone que dichas agresiones hacia estudiantes, investigadores y consultores ya afectaron su trabajo: “Hay áreas en las cuales la información es de hace 20 años y no tenemos forma de actualizarla. La estimación que hacemos es por medio de sensores remotos con imágenes de satélite, pero no hay posibilidad de hacer verificación en campo”.
El maestro Fueyo difiere: “No identifico que se haya interrumpido el proceso de monitoreo, tanto el que realizan la Conanp y las comunidades como el que realizan estudiantes; no es algo que se haya desarmado (…) Lo más riesgoso es el efecto secundario de no tener gente en campo y que lo estén ocupando (grupos criminales). Son brotes que, si no los controlas, serán un problema mayor”.
Un entrevistado que forma parte del personal de la Conanp comenta que, si bien la tecnología permite adquirir información, “siempre hay puntos clave en los que hay que verificar en campo, y eso no es tan fácil. Hemos sabido de universitarios que van entre lagunas y mangles viendo cuestiones genéticas de cocodrilos, y de repente hay señales que les dicen que ya no avancen más”.
Un colega suyo añade: “Como las áreas nacionales protegidas son superficies grandes y alejadas, son lugares muy propicios; la delincuencia organizada creció y creció. Hay diferentes generaciones que, haciendo investigaciones de vegetación en campo, encuentran cultivos ilegales, y sientes miedo porque podría salir alguien armado”.
Carencias y recorte presupuestal
Actualmente el sector ambiental padece de carencias para vigilar e inspeccionar, así como para preservar su propia seguridad, principalmente en los estados con mayor repunte de violencia, como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Edomex.
La abogada Diana Ponce, consultora en derecho ambiental y desarrollo sustentable, quien fue subprocuradora de Profepa de 2001 a 2004, señala: “Falta mucha capacitación, equipamiento para las inspecciones y manuales básicos para investigar un lugar antes de entrar. La gente no está necesariamente preparada para reconocimientos e inspecciones de campo.
“El año pasado estuve dando un curso a inspectores de la Profepa San Luis Potosí. En estos recambios de administraciones no hay nada que se parezca a un servicio civil; sacan a los que están y meten a gente de equipos nuevos.”
Para el doctor Alvarado, quien fue subdirector de coadyuvancia en Procesos Penales Federales de la Profepa, en esta dependencia “nunca hay gasolina, vehículos que sirvan, como acuáticos, aéreos, terrestres… Hay muchísima chamba por hacer y el presupuesto es raquítico para todo lo ambiental”.
Los entrevistados atribuyen esta situación a los recortes que se le han aplicado a la Semarnat. El gobierno de López Obrador no es la excepción: le redujo 7 mil 447.92 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Tan sólo el Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, que empezó en 2012, sufrió un recorte de 30% al pasar de 126 millones en su primer año a 87.71 millones en la presente administración.
“Los presupuestos se han reducido casi la mitad de 2016 a 2019”, explica Fueyo, actual coordinador de la Red Mexicana de Organizaciones, Científicos y Sociedades Rurales de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y concluye:
“Lo que esta reducción implica en la práctica es que dejas de tener movilidad. No tienes recursos para ir a campo y los territorios no atendidos empiezan a ser ocupados por grupos delincuenciales.”
Rescatado de Revista Proceso, 28 de abril de 2019.